Reforma del Código Penal: comunistas y separatistas excluidos de la nueva democracia española

El 21 de julio de 1976 el Boletín Oficial del Estado publicó la reforma del Código Penal en varios de sus artículos con el objetivo de facilitar el ejercicio de los derechos de reunión, manifestación y asociación posibilitando la plena vigencia de los mismos. De este modo se reconoció el derecho de asociación política salvo para aquellas organizaciones que tuvieran como objetivo la subversión del orden público, la integridad territorial o la implantación de un régimen totalitario a través de su sumisión a disciplina internacional. En realidad este último aspecto era un fino eufemismo que hacía referencia en un contexto internacional de Guerra Fría caracterizado por la polarización entre el bloque capitalista occidental y el bloque comunista soviético a esta última ideología, proscripción paradójica en un régimen, el franquismo, que en sus orígenes fue totalitario y que sólo tras la muerte de Franco y tras cuarenta años de vigencia estaba evolucionando hacia un sistema democrático de corte occidental bajo la forma de una monarquía parlamentaria. Por tanto, la reforma del Código Penal tras el reconocimiento del derecho de asociación política definió los contornos de la neonata democracia española de la que permanecerían excluidos comunistas y separatistas. 

Juan Carlos I ennoblece a Arias Navarro

Juan Carlos I ennobleció al círculo más cercano
a Franco 

El 10 de julio de 1976 Juan Carlos I concedió al recién dimitido presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, la dignidad aristocrática de Marqués de Arias Navarro con Grandeza de España. De esta manera Juan Carlos I reconoció la difícil trayectoria de Arias Navarro como Presidente del Gobierno en los últimos momentos del franquismo y de la nueva etapa bajo el reinado de Juan Carlos I, pero en realidad representó un nuevo reconocimiento hacia una personalidad perteneciente al círculo más cercano de Franco y de su familia a quienes se estaba ennobleciendo de forma discutible mientras había personalidades cuyos méritos eran superiores y que sin embargo permanecían en el ostracismo. 

El nombramiento de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno

Adolfo Suárez: una carrera meteórica
que muy pocos supieron percibir

Tras la dimisión de Carlos Arias Navarro el presidente de las Cortes Españolas y del Consejo del Reino, Torcuato Fernández Miranda, presentó a Juan Carlos I tras consensuar con los miembros de esta última institución una terna de candidatos a la presidencia del Gobierno. Dicha terna estaba formada por Gregorio López Bravo, Federico Silva Muñoz y Adolfo Suárez resultando completamente soprendente pues descartaba a los dos candidatos favoritos para suceder a Arias Navarro que eran Manuel Fraga y José María de Areilza. Finalmente, Juan Carlos I eligió a Adolfo Suárez nombrándole nuevo Presidente del Gobierno, nombramiento que para muchos que le desdeñaban fue completamente sorprendente pese a la indudable proyección y dinamismo de este quien en pocos años ya había sido gobernador civil de Segovia, director de TVE y fundador de la única asociación política con arraigo y representatividad en el seno del Movimiento Nacional: la Unión del Pueblo Español (UDPE). El 5 de julio de 1976 el nuevo presidente tomó posesión de su cargo ante el Rey y tres días después formó un gobierno en el que destacaba la presencia de Marcelino Oreja como ministro de Asuntos Exteriores, de Rodolfo Martín Villa como ministro de Gobernación y de Leopoldo Calvo Sotelo como ministro de Comercio. Tanto Manuel Fraga como José María de Areilza renunciaron a formar parte del gobierno con lo cuál pasaron a la oposición y consumaron la división del Movimiento en dos mitades.

La dimisión de Carlos Arias Navarro

Carlos Arias Navarro: entre Franco y Juan Carlos I 

El 2 de julio de 1976 el Boletín Oficial del Estado (BOE) anunció la dimisión de Carlos Arias Navarro como Presidente del Gobierno poniendo fin a dos años y medio de gobierno iniciados con Franco y culminados con Juan Carlos I. Carlos Arias Navarro fue nombrado por Franco en diciembre de 1973 en uno de los momentos más difíciles del régimen tras la muerte de su antecesor en un fenomenal magnicidio obrado por ETA, justo en el momento en que Arias Navarro era ministro de Gobernación. Por tanto, Arias Navarro asumió su cargo en los estertores finales del franquismo, en los momentos finales del propio Franco y de su régimen del que pese a presentarse como fiel continuador y albacea testamentario contribuyó a liquidar asumiendo su protagonismo en la transición de la dictadura franquista a una monarquía parlamentaria encabezada por Juan Carlos I. Arias Navarro titubeó constantemente a lo largo de su mandato jugando con la idea de la continuidad del régimen tras la muerte de Franco antes de la muerte del propio Franco mediante la asunción de un pluralismo limitado al seno del Movimiento Nacional manifestado en el Estatuto Jurídico de las Asociaciones Políticas de diciembre de 1974, pero dicha idea aparecía como una entelequia y fracasó estrepitosamente al constituirse tan sólo seis asociaciones o corrientes carentes de arraigo real y por tanto de fuerza a excepción de la Unión del Pueblo Español (UDPE) encabezada por Adolfo Suárez. El franquismo estaba claramente superado y su fecha de caducidad estaba fijada en la defunción del dictador y con ella la del mismo Arias Navarro dada su identificación con el círculo familiar del dictador. Pero sorprendentemente Juan Carlos I decidió mantenerlo al frente de su cargo en base a un calculado equilibrio entre las posiciones más conservadoras y aperturistas del régimen, compensando de este modo la destitución del falangista Rodríguez de Valcárcel y su sustitución por Torcuato Fernández Miranda al frente de las Cortes Españolas y del Consejo del Reino. Pese a su indudable imagen de franquista Carlos Arias Navarro no era ni intransigente ni tonto, sino extremadamente pragmático y constatada la irrealizable idea de la supervivencia del franquismo sin su fundador e inspirador decidió sumarse al proceso democrático impulsando a lo largo de su mandato diversas medidas encaminadas hacia la superación del franquismo, la reconciliación nacional y la democratización de España. Los integristas del régimen eran los únicos que parecían darse cuenta del pragmatismo de Arias Navarro y por ello lo despreciaban, lo odiaban y lo consideraban un traidor, lo mismo que los demócratas verdaderos quienes le consideraban un hombre del pasado. Quizás por ello Arias Navarro decidió presentar su dimisión y dar paso a alguien que estuviera más en consonancia con la nueva etapa que se abría en España. Alguien que Juan Carlos I designaría a partir de la terna de candidatos que le presentaría Torcuato Fernández Mira

Juan Carlos I declara un día de fiesta para homenajear su figura

El 21 de junio de 1976 el Boletín Oficial del Estado publicó el decreto mediante el cuál Juan Carlos I declaró fiesta oficial el 24 de junio, San Juan Bautista, día de su onomástica reservando un día en el calendario para homenajear su figura, del mismo modo que hizo Franco el 1 de octubre conmemorando el aniversario de su exaltación como Jefe del Estado. Dicho decreto también mantuvo como fiestas oficiales el 18 de julio conmemoración del Alzamiento Nacional y el 12 de octubre como día de la Hispanidad, pero en cambio suprimió el 1 de Octubre como Día del Caudillo tras la muerte de Franco declarando el 1 de mayo, conmemoración del día del Trabajo, como nueva festividad. Pese al claro avance de España hacia la democracia dicho decreto representó una nueva muestra de los equilibrios que caracterizaron los primeros compases del reinado de un Juan Carlos I que no dudó en imitar a su antecesor dedicando un día al homenaje de su figura y que pese a su intención de convertirse en el garante de la reconciliación de todos los españoles mantuvo en su primer año de reinado la celebración del Alzamiento Nacional y del Día de la Hispanidad, mientras suprimía muerto Franco el Día del Caudillo y declaraba festivo el Día del Trabajo en un claro signo hacia la oposición antifranquista. 

Ley sobre el derecho de asociación política: fracaso del franquismo y regreso de la democracia a España

El 16 de junio de 1976 el Boletín Oficial del Estado publicó la Ley 21/1976 sobre el derecho de asociación política que supuso la ampliación del mismo superando los estrechos y limitados márgenes de la ley de 1974 de Estatuto Jurídico de la Asociación Política, que si bien  reconoció y materializó el derecho de asociación política positivizado en el Fuero de los Españoles restringió su radio de acción única y exclusivamente a todas aquellas asociaciones que creyeran en los principios y valores del Movimiento Nacional, excluyendo a las restantes con lo cuál dicha ley supuso el reconocimiento de la existencia de corrientes o sensibilidades en el seno del único partido permitido que seguía ostentando el monopolio del poder. Sin embargo, un año y medio después  de su aprobación el Estatuto Jurídico de la Asociación Política tan sólo había dado lugar al nacimiento de cuatro asociaciones, absolutamente minoritarias, raquíticas y carentes de arraigo popular a excepción de la Unión del Pueblo Español (UDPE) liderada por el entonces ministro secretario general del Movimiento, Adolfo Suárez que culminó su éxito presentando la asociación al mismísimo Franco, con lo cuál el Estatuto Jurídico de la Asociación Política fracasó arrastrando consigo al postfranquismo quien vio frustradas sus expectativas de proseguir con la dictadura sin Franco mediante una mera apertura política en el seno del Movimiento Nacional. 

Finalmente la Ley sobre el Derecho de Asociación Política supuso la ampliación del pluralismo político confeccionando un extenso campo de acción que desbordaba el Movimiento Nacional contemplando por vez primera en cuarenta años a aquellas opciones que perdieron la guerra civil y que fueron marginadas y perseguidas por el franquismo, obrando el milagro de la reconciliación nacional, de la superación de la guerra civil y de la dictadura abriendo la puerta a la celebración de las primeras elecciones desde 1936 y al regreso de la democracia a España. 

Regulación del derecho de reunión: libertad para las reuniones privadas

El 30 de junio de 1976 el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la Ley del Derecho de Reunión que supuso la derogación de la anterior ley que databa de 1880 así como de la Orden Circular de la Subsecretaría de Interior que emitida el 20 de julio de 1939, apenas tres meses después del fin de la Guerra Civil y el inicio de la dictadura franquista, reinterpretó de forma muy restrictiva el ejercicio de un derecho escasamente reconocido en el ordenamiento jurídico español. Así pues, la nueva ley diferenció entre reuniones de carácter público y carácter privado restringiendo las primeras a aquellas que tuviesen lugar en lugares abiertos mientras que las segundas eran relativas a lugares cerrados consideradas como tales cuando su cifra de asistentes superase las veinte personas, mientras que las que reuniesen un número inferior de personas podían celebrarse sin ningún tipo de restricción ni impedimento. En el caso de las reuniones privadas debían notificarse al Gobernador Civil con un plazo de antelación de tres días antes de su celebración mientras que en las reuniones públicas dicho plazo se ampliaba hasta los diez días, correspondiéndole autorizar o denegar su celebración con los únicos límites legales de la licitud de las mismas y del mantenimiento del orden público. Pese a la condicionalidad del derecho la Ley 17/1976 reguladora del Derecho de Reunión supuso un avance muy importante ya que superó una legislación muy obsoleta que databa de la Restauración y las importantes restricciones propias de un régimen dictatorial como el franquismo, teniendo como aspecto más destacado el amplio marco que permitía para la celebración de reuniones privadas que se caracterizaron por la persecución a las que las sometió el franquismo, siempre receloso de su potencial carácter conspirativo. 

Reconocimiento tardío a los mutilados republicanos

El 7 de abril de 1976 el Boletín Oficial del Estado publicó la concesión de pensiones a todas aquellas personas quienes como consecuencia de su participación en la Guerra Civil (1936 - 1939) sufrieron algún tipo de mutilación y por tanto de disminución física quedando pese a ello al margen del Cuerpo de Caballeros Mutilados de Guerra por la Patria. Dicha decisión supuso una medida de reconciliación nacional, pues pese a su tardanza significó la compensación de aquellos quienes participaron en la contienda en el bando republicano y sufrieron heridas por ello pero que sin embargo fueron marginados por el franquismo que como consecuencia de su naturaleza revanchista les excluyó del Cuerpo de Caballeros Mutilados de Guerra por la Patria, cuyos beneficios fueron destinados única y exclusivamente a los heridos de guerra pertenecientes al bando nacional.