El 24 de noviembre de 1976 el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la Ley para la Reforma Política que se convirtió en la séptima ley fundamental del ordenamiento jurídico franquista formado por el Fuero del Trabajo (1938), la Ley de Cortes (1942), el Fuero de los Españoles (1945), la Ley de Sucesión (1947), la Ley de Principios Fundamentales del Movimiento (1957) y la Ley Orgánica del Estado (1966). El ordenamiento jurídico franquista era un ordenamiento jurídico autoritario que la Ley para la Reforma Política convirtió en un ordenamiento jurídico democrático basado en la expresión de la voluntad popular a través de la ley y en el respeto de los derechos humanos. Definió el sistema parlamentario español como un sistema bicameral formado por el Congreso de los Diputados y el Senado configurando al Congreso de los Diputados como una cámara de representación popular elegida por sufragio universal y al Senado como una cámara de representación territorial elegida por las entidades territoriales que en aquellos momentos eran los municipios y las provincias.
La Ley para la Reforma Política también definió el proceso de reforma constitucional cuya iniciativa correspondería al Gobierno o al Congreso de los Diputados manifestándose un bicameralismo asimétrico que beneficiaba al Congreso, pese a que en caso de desencuentro entre ambas cámaras sería una reunión conjunta de Cortes quien aprobaría definitivamente el proyecto de reforma constitucional por mayoría absoluta. La preeminencia del Congreso sobre el Senado también se manifestaba en el procedimiento legislativo, pues en caso de desencuentro la aprobación correspondía al Congreso por mayoría absoluta. El Rey ejercería una posición preeminente en la nueva democracia española pues podía someter en cualquier momento a la ciudadanía una cuestión, constitucional o no, a referéndum y en caso de que las cámaras no respetasen el veredicto popular podía proceder a disolver las mismas y a convocar elecciones con lo cuál obtenía unos poderes especiales frente a cualquier intento de las élites franquistas más recalcitrantes para bloquear el proceso democrático. Precisamente el peligro potencial de un eventual bloqueo por parte de las élites supervivientes del franquismo acabó conduciendo al gobierno de Adolfo Suárez a rectificar el sistema parlamentario y el papel de cada una de las cámaras pasando ambas a ser elegidas por sufragio universal y por tanto de representación popular en base a la provincia como circunscripción. El Congreso de los Diputados contaría con 350 escaños elegidos de forma proporcional mediante la fórmula D'Hondt con una barrera electoral del 3% de los votos en cada circunscripción a efectos de obtención de representación, mientras que el Senado contaría con 207 senadores elegidos a razón de 4 senadores por cada provincia y 5 en los archipiélagos insulares balear y canario en base a un sistema electoral mayoritario, con lo cuál finalmente ambas cámaras presentarían el mismo carácter de cámaras de representación popular pero diferenciadas por el ligero matiz territorial diferenciador de un Senado en el que todas las provincias tendrían el mismo peso. Y es que la diferenciación entre el Congreso y el Senado Sin embargo la Ley para la Reforma Política garantizó la supervivencia de instituciones franquistas como la Presidencia de las Cortes como enlace entre las cámaras y el Rey así como el Consejo del Reino que contaría con diez miembros elegidos a partes iguales por ambas cámaras. Si bien el nombramiento del gobierno seguiría dependiendo de la voluntad real, la voluntad parlamentaria y ciudadana tendría un reflejo en la elección real a través de la composición del Consejo del Reino. Al ser la Ley para la Reforma Política una norma de rango constitucional se convocó un referéndum para su ratificación con fecha 15 de diciembre de 1975 bajo la pregunta Aprueba usted la Ley para la Reforma Política?. Y es que la Ley para la Reforma Política representaba el regreso de España a la democracia poniendo punto y final materialmente a cuarenta años de dictadura franquista.
La Ley para la Reforma Política también definió el proceso de reforma constitucional cuya iniciativa correspondería al Gobierno o al Congreso de los Diputados manifestándose un bicameralismo asimétrico que beneficiaba al Congreso, pese a que en caso de desencuentro entre ambas cámaras sería una reunión conjunta de Cortes quien aprobaría definitivamente el proyecto de reforma constitucional por mayoría absoluta. La preeminencia del Congreso sobre el Senado también se manifestaba en el procedimiento legislativo, pues en caso de desencuentro la aprobación correspondía al Congreso por mayoría absoluta. El Rey ejercería una posición preeminente en la nueva democracia española pues podía someter en cualquier momento a la ciudadanía una cuestión, constitucional o no, a referéndum y en caso de que las cámaras no respetasen el veredicto popular podía proceder a disolver las mismas y a convocar elecciones con lo cuál obtenía unos poderes especiales frente a cualquier intento de las élites franquistas más recalcitrantes para bloquear el proceso democrático. Precisamente el peligro potencial de un eventual bloqueo por parte de las élites supervivientes del franquismo acabó conduciendo al gobierno de Adolfo Suárez a rectificar el sistema parlamentario y el papel de cada una de las cámaras pasando ambas a ser elegidas por sufragio universal y por tanto de representación popular en base a la provincia como circunscripción. El Congreso de los Diputados contaría con 350 escaños elegidos de forma proporcional mediante la fórmula D'Hondt con una barrera electoral del 3% de los votos en cada circunscripción a efectos de obtención de representación, mientras que el Senado contaría con 207 senadores elegidos a razón de 4 senadores por cada provincia y 5 en los archipiélagos insulares balear y canario en base a un sistema electoral mayoritario, con lo cuál finalmente ambas cámaras presentarían el mismo carácter de cámaras de representación popular pero diferenciadas por el ligero matiz territorial diferenciador de un Senado en el que todas las provincias tendrían el mismo peso. Y es que la diferenciación entre el Congreso y el Senado Sin embargo la Ley para la Reforma Política garantizó la supervivencia de instituciones franquistas como la Presidencia de las Cortes como enlace entre las cámaras y el Rey así como el Consejo del Reino que contaría con diez miembros elegidos a partes iguales por ambas cámaras. Si bien el nombramiento del gobierno seguiría dependiendo de la voluntad real, la voluntad parlamentaria y ciudadana tendría un reflejo en la elección real a través de la composición del Consejo del Reino. Al ser la Ley para la Reforma Política una norma de rango constitucional se convocó un referéndum para su ratificación con fecha 15 de diciembre de 1975 bajo la pregunta Aprueba usted la Ley para la Reforma Política?. Y es que la Ley para la Reforma Política representaba el regreso de España a la democracia poniendo punto y final materialmente a cuarenta años de dictadura franquista.
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