El 6 de marzo de 1976 el Boletín Oficial del Estado anunció la creación de una comisión de estudio para la creación de un régimen administrativo especial para Catalunya. Dicha comisión debía realizar sus trabajos en un plazo de seis meses al término de los cuáles presentaría sus resultados al Consejo de Ministros que sería el único encargado de tomar la decisión con respecto a dicho régimen especial. La comisión estaría formada por un presidente y veinticuatro vocales repartidos a partes iguales entre representantes del gobierno central y de las diputaciones catalanas a las que les correspondía nombrar tres representantes a cada una de ellas. La creación de dicha comisión representaba un nuevo signo de la nueva etapa abierta en España tras la muerte de Franco que se sumaba a la comisión ya existente desde diciembre de 1975 para el estudio de un régimen administrativo especial para las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya, conocidas como provincias traidoras por el franquismo y que junto a las provincias catalanas representaron los únicos lugares que accedieron al autogobierno durante la II República. España avanzaba hacia la reconciliación nacional...
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