El 10 de diciembre de 1975 los Alcaldes y Presidentes de Diputaciones y de Cabildos Insulares dejaron de ser nombrados por el ministro de la Gobernación para ser nombrados por los concejales y diputados provinciales de los plenos de sus respectivas corporaciones municipales y provinciales, produciéndose un importante paso adelante en la democratización de las instituciones españolas pese a que el cuerpo electoral seguía permaneciendo al margen de la decisión de la voluntad de las mismas. A tal efecto se convocaron elecciones para el nombramiento de presidentes de Diputaciones y Cabildos Insulares para el 11 de enero de 1975 y para el nombramiento de alcaldes de capitales de provincia salvo Madrid y Barcelona así como de la mitad de los municipios de provincia en función de la antigüedad en el cargo para el 19 de enero de 1976.
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